Los trabajadores y fiscales del Ministerio Público entraron ayer en huelga, uniéndose a las protestas que protagonizan médicos, enfermeras y maestros hondureños en reclamo de mejores salarios.
Los empleados de la Fiscalía explicaron que el paro será gradual y se debe al incumplimiento gubernamental a una petición de aumento equivalente al costo de la vida, que creció 15 por ciento.
Además demandan la nivelación del personal administrativo con el salario mínimo vigente y el pago de colaterales relacionados con las transferencias a los institutos de Seguridad Social y Jubilaciones y Pensiones.
Exigen asimismo el nombramiento de personal que cumplió con varios contratos y no han sido todavía ratificados en sus cargos mediante acuerdo definitivo.
En tanto, los dos mil 500 galenos de los distintos centros de salud del país se mantienen por segundo día consecutivo sin dar consultas ni realizar cirugías selectivas en demanda de un aumento salarial.
El presidente del Colegio Médico de Honduras, Elmer Mayes, denunció que en el primer semestre del año no han recibido el incremento salarial estipulado en el Estatuto Médico, en base a la inflación anual.
También trascendió que por solicitud del obispo auxiliar de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, no se aplicarán sanciones de tipo administrativo a las enfermeras que llevan 26 días de paro para exigir beneficios salariales.
La Secretaría de Salud aceptó la propuesta del mediador Emiliani en aras de buscar una solución definitiva a la problemática entre enfermeras auxiliares y gobierno, dijo el ministro del ramo, Arturo Bendaña.
La víspera, las enfermeras se enfrentaron con la policía en el capitalino Hospital General San Felipe y algunos agentes amenazaron con golpearlas con garrotes, lo que generó indignación entre la población.
La Asociación de Enfermeras Auxiliares de Honduras exige al gobierno un aumento salarial y el nombramiento de unas 250 plazas, un convenio pactado con el gobierno desde el año 2010.
Paralelamente, miles de maestros que el lunes desfilaron por varias calles obstaculizando el tránsito, siguieron este martes sus demostraciones en todo el país en protesta por el retraso en el pago de sus salarios.
Los 54 mil educadores de la enseñanza pública, que dan clases a más de dos millones de alumnos en primarias y escuelas medias, reclaman además derogar una la ley aprobada en diciembre que no reconoce sus derechos.
El líder magisterial Yuri Hernández dijo que están decididos a ir hasta las últimas instancias pues a otros gremios, como policías y militares, nunca les fallan los pagos e incrementos salariales. fuente-http://www.prensa-latina.cu
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