La eficacia del Congreso de Guatemala vuelve a estar hoy en entredicho, después de avanzar a medias en su trabajo y ni siquiera estar convocados los legisladores a nuevas sesiones extraordinarias.
Una vez más los diputados demostraron la anteposición de intereses políticos a los de nación, cuando la esperada aprobación de una ley anticorrupción quedó para después porque no hubo consenso para materializarlo ayer de urgencia.
Pese a compromisos previos de los jefes de bancadas de hacerlo el miércoles no se logró reunir los 105 votos necesarios para ello, pues solo llegaron a 100 los favorables, seis fueron opuestos y 52 butacas estuvieron vacías.
Apenas entonces pudo pasar esa norma penal por el trámite de primera lectura y quedan otras dos para la decisión final, con discusiones intermedias para conocer las propuestas de reformas a su articulado que salgan a flote.
Pero hay incertidumbre respecto a cuándo volverán a reunirse los congresistas, ahora en el receso de medio año y solo con posibilidades de convocatoria a sesiones extraordinarias como las dos -y una fracasada- de esta semana.
De acuerdo con los relatos periodísticos acerca del desarrollo la víspera de la reunión, el trabajo en el órgano legislativo se mantuvo dentro de los cauces habituales.
Inicio demorado por la ausencia de muchos, discusiones subidas de tono hasta los gritos, desatención a los asuntos en debate, son algunas de esas características.
Ante la propuesta de ver de urgencia nacional la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, con lo cual estaban obligados los diputados a aprobarla definitivamente, los desacuerdos pudieron más que la sensatez y se vio frustrado ese propósito.
Pasará ahora por el proceso normal y lento de presentarse iniciativas de cambios a su contenido en dos lecturas más, mientras la sociedad espera por la implementación de un instrumento moldeado para combatir la corrupción.
Algunos parlamentarios han expresado su opinión de que sus pares opuestos a una aprobación rápida están movidos por el temor de verse afectados ellos mismos por el peso de la ley, aunque hasta ahora esas acusaciones quedan en el campo de la subjetividad.
De la misma manera, solo en primera lectura, el pleno del Congreso conoció ayer sobre tres préstamos internacionales que esperan aprobación para beneficiar a otros tantos programas del Estado.
Además, acerca de un dictamen para ampliar el plazo de registro legal de armas por sus propietarios en la dependencia encargada, dada la poca afluencia para cumplir ese trámite durante el tiempo fijado y ya vencido. fuente-http://www.prensa-latina.cu
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