Romeo Barahona, dijo que si al culminar la investigación hay elementos suficientes que confirman que los diputados han cometido delito, no dudará en pedirles antejuicio.
La Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, investiga a ocho diputados de la Asamblea Legislativa que el pasado viernes fueron denunciados por el movimiento Aliados por la Democracia.
Según los denunciantes, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, junto a Roberto Lorenzana, Guillermo Gallegos, Walter Guzmán, Mario Tenorio, Francisco Merino, Roberto Angulo y Rodolfo Parker, han incurrido en el delito de desobediencia al no acatar las sentencias de inconstitucionalidad en la elección de 20 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de los años 2006 y 2012.
El fiscal general, Romeo Barahona, confirmó ayer que al ingresar la denuncia se le dio trámite y ordenó que se abriera un expediente de investigación para determinar si los legisladores señalados han incurrido en el delito que Aliados por la Democracia asegura.
“Solo se está iniciando la investigación por el delito de desobediencia, no se descarta ninguna otra figura delictiva, tampoco se descarta que puedan surgir otros involucrados, ahorita solo se está iniciando la investigación”, dijo Barahona.
Por instrucciones del fiscal general, Andrés Amaya, jefe de la mencionada unidad especializada ya se reunió con el equipo de fiscales asignados y han comenzado a realizar una serie de pesquisas para agilizar la investigación.
Tras la denuncia interpuesta se están haciendo todas las diligencias posibles y recopilando las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la cual se declara ilegal la elección de los magistrados que la Asamblea Legislativa hizo en los años 2006 y 2012.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional ordenaron al Congreso realizar nuevas elecciones, pero los diputados del FMLN, GANA, CN, PES y Rodolfo Parker, no cumplieron el fallo y acudieron ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para que se reviertan las sentencias.
Ese escrito presentado por los diputados en la CCJ ha sido solicitado, así como el documento de admisión que dejó sin efecto temporalmente las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
La obtención de esa gama de documentación, más una serie de entrevistas de testigos son parte de las diligencias que ya realizan los fiscales. Romeo Barahona, expresó que se están siguiendo los procedimientos correspondientes.
Agregó que las indagaciones determinarán si los diputados denunciados han incurrido en algún delito, “eso lo van a decidir las investigaciones, ustedes se han dado cuenta que los casos que yo he solicitado antejuicio contra jueces, magistrados, contra políticos; si tengo los elementos que no lo duden que lo voy a hacer”, subrayó el funcionario.
Se informó que el Ministerio Público está diligenciando el caso y siguiendo el debido proceso, para que a un corto plazo decidir si hay elementos o no para presentar solicitud de antejuicio.
Diputados dicen no pueden ser juzgados
Diputados del FMLN, CN y PES valoraron ayer que no procede una investigación de la Fiscalía en contra de ellos, porque gozan de libertad para tomar sus propias decisiones. Se ampararon en el artículo 125 de la Constitución que establece que los diputados “son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”.
“Me parece que es un poco de desconocimiento de lo que es la Asamblea. Si no tuviéramos esa libertad, estuviéramos al capricho de algunos que escriben, de algún organismo o de cualquier persona. Existe libertad de votar como queremos”, dijo el diputado Roberto Angulo de ARENA.
Los diputados Roberto Lorenzana del FMLN y Rodolfo Parker del PES, coincidieron en la libertad que tienen de decidir. Lorenzana dijo que la Fiscalía, en todo caso, debe investigar a los 84 diputados porque todos son responsables de elegir.
Los diputados llamaron al Fiscal a que sea parejo y que le dé el mismo tratamiento a todos los casos. Recordaron que también hay una demanda de nueve magistrados contra los miembros de la Sala de lo Constitucional a la que la Fiscalía no le ha dado respuesta. fuente-http://elmundo.com.sv
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