Guatemala-Las obras del Plan de Expansión de la Red de Transmisión Eléctrica (PET) afrontan atrasos y obstáculos, problemas que podrían poner en riesgo el inicio de su operación en el 2013.
Un informe al que Prensa Libre tuvo acceso y que la empresa encargada del proyecto entregó a las autoridades, detalla que los atrasos han implicado que el avance de las obras, al 31 de marzo, alcance solo el 53.6 por ciento, mientras que el plan contempla que el avance debería ser del 78.2 por ciento.
El análisis refiere que hay problemas en 40 comunidades de 21 municipios, siendo los principales, la obtención de pasos de servidumbre, pero también el aval de las municipalidades para la construcción.
Carlos Colom, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), confirmó los atrasos, aunque dijo que el avance aún se encuentra en un rango aceptable, ya que se ha contemplado que en un escenario crítico, el mínimo es tener 42 por ciento de ejecución.
Colom es optimista y considera que la obra puede entrar en operación en el plazo previsto, pero advirtió de que, si continúan los atrasos, se corren riesgos.
El proyecto
Las obras del PET fueron adjudicadas por licitación en febrero del 2010, al consorcio colombiano EEB-EDM Proyecto Guatemala, que estableció en el país la empresa Trecsa.
Según la licitación, la red tiene que empezar a operar en octubre del 2013.
La adjudicación contempla 853 kilómetros de línea, y sus subestaciones para formar anillos en la red eléctrica del país y evitar apagones y vulnerabilidad del sistema eléctrico.
En mayo del 2011, el Organismo Ejecutivo, por medio del acuerdo 137-2011, declaró de urgencia nacional las obras del PET, para agilizar trámites y pasos de servidumbre.
En el informe se indica que hay en negociación 408 kilómetros para pasos de servidumbre, y 236 kilómetros en los que ya hay acuerdos.
El ministro de Energía y Minas, Érick Archila, dijo que se ha brindado el apoyo necesario para agilizar los permisos.
Sin embargo, respecto de si con esa serie de obstáculos la obra podría estar lista en octubre del 2013, indicó: “No sé. Eso la empresa lo debe responder. De parte del MEM han recibido todo el apoyo (…), lo que pasa es que es una licitación ganada por ellos, entonces son los obligados a realizar toda la gestión que estaba en el contrato”.
Se intentó obtener la versión de Trecsa, pero en la oficina informaron que los ejecutivos están de viaje.
El ministro refirió que hace pocos días la empresa hizo una presentación de los avances. “Ellos dicen que están haciendo todo el esfuerzo para poder salir. No sé si lo van a conseguir, pero espero que sí”, dijo Archila.
El funcionario indicó que ante las gestiones con las municipalidades el Ministerio se ve limitado para actuar.
Temas pendientes
El documento indica que los problemas son diversos, entre estos: desacuerdo en brindar pasos de servidumbre, rechazo de las comunidades, e incluso que las autoridades municipales no han dado el aval de construcción. Este último obstáculo se reporta en Gualán, Zacapa; Guastatoya, El Progreso; y Sololá—en algunos casos, hay procesos legales en curso—.
En Nahualá, Sololá, o San Pedro Ayampuc, Guatemala, las autoridades no reconocen el aval que habían dado las corporaciones ediles anteriores, agrega el documento.
Andrés Lizandro Iboy, alcalde de Sololá, dijo que el asunto aún no ha sido discutido en el Concejo, ya que está en revisión el proyecto.
Manuel Tahay, alcalde de Nahualá, aseguró que hay un ambiente de colaboración de parte de las comunidades de su jurisdicción y que la gente está de acuerdo en no poner obstáculos, ya que se trata de un proyecto de Estado, pero agregó que esperan que las comunidades y la Municipalidad obtengan algún beneficio directo.
“Como parte del desarrollo que trae el proyecto, este se debe reflejar en un beneficio directo a nuestras comunidades, que necesitan tanto”, expuso Tahay.
El estudio detalla que en lugares como Santa María de Jesús, Sacatepéquez, en el 2011 las autoridades municipales pidieron Q10 millones por el aval.
Al ser consultado, el alcalde Mario Pérez Pío respondió que asumió en enero último y que en los cien días de gestión no se ha presentado ningún representante de la empresa.
Aseguró desconocer si la anterior administración había otorgado el permiso y cobrado por ello.
Hay otros municipios donde las comunidades rechazan el proyecto, en otras piden un diálogo para que se cambie el trazo de las líneas.
En Olintepeque y Cantel Quetzaltenango, y San Francisco El Alto, Totonicapán, las autoridades indican que no brindarán el aval de construcción hasta que Trecsa tenga la anuencia de las comunidades.
En casos como San Juan y San Pedro Sacatepéquez —ambos municipios del departamento de Guatemala—, y en Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, se indica que debido al tema de inseguridad no es posible efectuar actividades en el área, ya que existe oposición a cualquier proyecto.
En Santiago Sacatepéquez, Mario Pic, agricultor del lugar, dijo que hay malestar porque se busca instalar 36 torres y algunas pasan sobre o cerca de nacimientos de agua, o de tierras de cultivo. Además de que una línea pasa a 200 metros de un altar sagrado, agregó.
“Estamos en diálogo con la empresa, pero nos dijeron que para ubicar una torre necesitan un terreno de 30 metros cuadrados, y Santiago tiene gente con pequeñas propiedades y netamente agrícolas, por lo que no pueden vender”.
Ahora la población tiene temor porque, según Pic, con el acuerdo gubernativo con el que se declara de urgencia la red pueden expropiarles sus terrenos, en lo que están en desacuerdo. Agregó que ven daños al derecho indígena, sus tierras y al convenio 169.
La propuesta de la comunidad es que la red siga el camino de la carretera y no se meta en los terrenos, porque se afectaría a más de 160 familias, indicó. Ahora están en una mesa de diálogo con autoridades, y que se reunirán el 22 de mayo. fuente-http://www.prensalibre.com
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